Ante la saturación en los juzgados por la reclamación de las cláusulas suelo, el Ministerio de Justicia prepara una serie de medidas para aligerar el volumen de trabajo en los tribunales. Actualmente, hay unas 240.000 demandas pendientes desde hace cuatro años, debido a que los bancos tienen la costumbre de llevar hasta el final este tipo de situaciones, aunque pierden el 97% de los casos.
El Ministerio tiene la intención de que se acabe la tramitación de la nueva ley en 2022 y se consiga acelerar la situación. La saturación de los juzgados es un hecho y con este escenario se tiene intención de evitar que los bancos continúen reclamando para cansar al cliente en su reclamación.
Reclamación de cláusulas suelo
La solución a este colapso era una petición de las principales asociaciones de consumidores y despachos de abogados expertos en derecho bancario y el Gobierno ha decidido plasmarlos con dos anteproyectos de ley. Con estas acciones, se pretende aligerar los procesos e incrementar los costes a las entidades financieras por retrasar el pago.
Según informa El País, el primer anteproyecto se refiere a que las demandas por estas cláusulas abusivas se gestionen como juicios verbales, sin importar la cantidad reclamada. A diferencia del juicio ordinario, el verbal es más sencillo y rápido. El juez puede dictar sentencia de manera oral, aligerando los pleitos.
El segundo planteamiento hace hincapié en que en estos procesos se podrá emplear la técnica del pleito testigo. Es una herramienta procesal que permite la extensión de los efectos de una resolución judicial en identidad de objeto. Es decir, todos los afectados podrán pedir que se les apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos sean iguales.
Negociación paso previo a la reclamación
Junto con estas medias, este anteproyecto también recoge que, antes de interponer la pertinente demanda, deberá haber una negociación entre ambas partes. En este caso, la persona reclamará al banco y este admitirá o negará su petición.
En el caso de que haya acuerdo, la entidad tendrá un mes para abonar la cantidad al consumidor. Si no hace efectivo ese pago, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos.
Si se llega a juicio, no se podrá alegar otro tipo de circunstancias que no se hayan plasmado en la negociación previa. Además, se tendrá en cuenta la colaboración de ambas partes tanto «para tratar la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia”. Si realmente el Ministerio plasma esta intención en realidad, será un avance para los abogados expertos en derecho bancario y sus clientes. Evitar saturar los juzgados va en el beneficio de todos y con medidas como esta todas las partes salen beneficiadas. En Ercilla Abogados acompañamos al cliente en todo momento en su problema con las cláusulas suelo, IRPH etc. Somos miembros de la RedZero, una asociación que efectúa un estudio gratuito para analizar la viabilidad de la reclamación y que trabaja mediante honorarios.